El empresario que ha roto el PSOE de Cartagena se enfrenta a 18 años de cárcel por sobornar a Gil y Roca

El empresario Tomás Olivo, cuyos planes urbanísticos han provocado que el PSOE expulse de sus filas a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, se enfrente a una pena de 18 años de cárcel por pagar comisiones al ex alcalde de Marbella Jesús Gil, a su número 2, Pedro Román, y a Juan Antonio Roca.

El PSOE ha expulsado a la regidora de Cartagena (Murcia), Ana Belén Castejón, por incumplir la orden de la dirección regional del partido que le prohibía pactar con el PP. Pero los socialistas alegan además un segundo motivo para depurar a Castejón: su intención de sacar adelante el llamado «Plan Rambla» para construir 1.700 viviendas, cuyo principal promotor es Tomás Olivo.

Como ha informado OKDIARIO, Olivo fue juzgado en la macrocausa del caso Malaya como presunto autor de un delito continuado de cohecho, pero finalmente quedó absuelto. Sin embargo, aún tiene cuentas pendientes por sus negocios en la Marbella de los años 90.

La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de 18 años de cárcel por los presuntos delitos de cohecho, fraude y prevaricación urbanística. Un total de 14 acusados se sentarán en el banquillo del juicio que debe celebrar la Audiencia Provincial de Málaga.

La Agencia Tributaria rastreó los pagos

Los fiscales sostienen que el promotor Tomás Olivo pagó comisiones por importe de 1,6 millones de euros al ex alcalde de Marbella Jesús Gil, a su teniente de alcalde Pedro Román y al cerebro urbanístico del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, para obtener la cesión de los terrenos municipales sobre los que construyó el centro comercial La Cañada.

Este establecimiento hoy está valorado en 680 millones de euros y fue el embrión para que Olivo fundara el gigante inmobiliario General de Galerías Comerciales (GCC), que hoy gestiona varios complejos en Granada, Almería, Mataró (Barcelona) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Tomás Olivo firmó en 1994 cuatro convenios con el teniente de alcalde Pedro Román, por los que el Ayuntamiento le cedió 120.000 metros cuadrados de suelo municipal para construir el centro comercial La Cañada.

Paralelamente, la promotora de Tomás Olivo, Emasa, firmó un contrato simulado por el que pagó 1,6 millones de euros a la sociedad Roadhouse España como opción de compra sobre unos terrenos de escaso valor en Mazarrón (Murcia). La opción de compra nunca se llegó a ejecutar, pero según la tesis de la Fiscalía el dinero acabó en manos de Jesús Gil, Pedro Román, Juan Antonio Roca (que se embolsó 870.000 euros) y dos intermediarios.

Tomás Olivo mantenía en aquel momento excelentes vínculos con Jesús Gil, para el que habría realizado obras en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) en los años 70. Ya en 2007, un informe del Consejo Consultivo de Andalucía –que ha servido de base para la acusación de la Fiscalía– consideró nulo el convenio que permitió construir el centro comercial La Cañada sobre terrenos municipales.

Por su parte, peritos de la Agencia Tributaria rastrearon los pagos efectuados por la promotora de Olivo a la sociedad Roadhouse España. Según sus peritos, los 870.000 euros destinados a Juan Antonio Roca se ingresados en cuentas de Óscar Benavente, que habría actuado como testaferro del cerebro urbanístico de Marbella y acabaron en la sociedad Spanish Learning Friends, perteneciente al entramado de Roca.

La alcaldesa se reserva Urbanismo

Como ha informado OKDIARIO, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, anunció el pasado mes de enero que ha alcanzado un acuerdo con Tomás Olivo para desarrollar el llamado «Plan Rambla», que ha permanecido paralizado durante los últimos 20 años.

Este plan urbanístico supondrá la construcción de 1.700 viviendas en una superficie de 300.000 metros cuadrados de terreno –cuyo principal propietario es Olivo– tras el estadio Cartagonova, en el barrio de la Concepción.

Fuentes socialistas señalan este acuerdo como uno de los principales motivos por los que el PSOE ha decidido expulsar de sus filas a Ana Belén Castejón y los cinco ediles de su grupo municipal, que desde el mes de junio gobiernan la ciudad mediante un pacto con el PP y Ciudadanos (Cs). En esta coalición de gobierno, Castejón gestionará personalmente las competencias de Urbanismo.